Simulación

CIUDAD DE MEXICO, 6 de marzo (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados tiene atoradas más de 270 solicitudes de juicio político contra más de mil funcionarios públicos, y apenas hace unos días, diputados opositores al PRI, presentaron una más en contra de Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta injerencia de ese órgano de justicia federal en el supuesto caso de lavado de dinero relacionado con Ricardo Anaya Cortes, candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”.
Los legisladores del PAN en la Cámara de Senadores dijeron hoy que pretenden sumarse a la petición de los integrantes del frente opositor en la Cámara de Diputados para que Elías Beltrán sea sometido a juicio político por usar de manera “facciosa y electoral” a la dependencia en contra del panista Anaya Cortés.
Sin embargo, el proceso que permitiría inhabilitar del cargo o retirar el fuero a los señalados de delitos o de traicionar la confianza de los ciudadanos es sólo una simulación e intercambio de intereses por impunidad, aseguraron el Diputado perredista Rafael Hernández Soriano y el analista político Enrique Toussaint.
La lista incluye a funcionarios públicos de todos los colores y tamaños, entre ellos, al ex Gobernador del Estado de México y Presidente Enrique Peña Nieto (desde febrero 2009 y junio de 2014), los ex Presidentes Felipe Calderón Hinojosa (desde noviembre de 2006) y Vicente Fox Quesada (desde noviembre de 2007), los Secretarios Rosario Robles Berlanga y Gerardo Ruiz Esparza, al ex Secretario de Hacienda y candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña (desde septiembre 2011), al ex Secretario de Hacienda y Canciller Luis Videgaray Caso; y a los ex gobernadores priistas Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León), Javier Duarte de Ochoa (Veracruz) y Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), compartió en entrevista el Diputado Hernández Soriano, Secretario de la Comisión de Gobernación.
Sin embargo, acusó, las Comisiones de Gobierno y Justicia son las facultadas para llamar a sesionar y luego resolver el proceso en el Pleno. Pero al ser presididas por los priistas Mercedes del Carmen Guillén y Álvaro Ibarra Hinojosa no han convocado desde marzo del año pasado “porque saben que ahí están señalados varios peces gordos del PRI”. No han dado ninguna explicación que sea válida desde el punto de vista jurídico o político por lo que “la inacción de ambos es complicidad con la corrupción de los funcionarios señalados, lo que acredita una obstrucción de la justicia”.
El pasado 22 de marzo, la Subcomisión de Examen Previo desechó, por unanimidad, 58 expedientes de juicio político. En aquella ocasión, Guillén Vicente, presidenta de la Comisión de Gobernación, declaró que el siguiente paquete estaría integrado por expedientes que requieren mayor atención. “Ahorita es estar poniéndonos al día de un rezago de 10 años, con toda la intención de no generarlo para la siguiente Legislatura”. Hasta el momento no ha ocurrido.
Días antes, el Poder Judicial de la Federación multó por 7 mil 549 pesos a los integrantes de la subcomisión por incumplir su obligación de resolver las demandas de juicio político pendientes. La resolución del Juez federal derivó de un amparo interpuesto por un ciudadano que interpuso uno de los juicios políticos que pesan sobre el ex Gobernador de Chiapas Juan Sabines, hoy cónsul en Orlando.
El analista Enrique Toussaint determinó que el papel más importante del Congreso no es generar leyes, sino controlar al gobierno y ser su contrapeso número uno. “Una herramienta fundamental son los juicios políticos, pero dependen mucho más de quién tiene la mayoría, de qué intereses están en juego, de los pactos en el Congreso para taparse los unos a los otros, que realmente con los expedientes que llegan a las Comisiones. Son un juego de simulación y cuando llegan a juzgarse las sanciones o penas son bajísimas”, afirmó.
“Es muy natural que el PRI, que tiene la mayoría en el Congreso y encabeza las comisiones vinculantes a los juicios políticos, lo utilice para impedir que se puedan desahogar. Para que el juicio político tenga posibilidad de resolver y tenga penetración en la rendición de cuentas, tendría que ser un órgano independiente”, agregó. “Sólo se van contra peces muy débiles. Es imposible que alguien como un ex Presidente pueda enfrentar este procedimiento”.
Por el contrario, en países de América del Sur se han enjuiciado políticamente a funcionarios públicos. El 31 de agosto del 2016, Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil tras un fallo histórico en el Senado del país sudamericano como resultado de un juicio político de seis días. Bastaban 54 votos, pero 61 Senadores votaron por el sí al impeachment al acusarla de violar reglas fiscales al maquillar el déficit presupuestal. Ella y sus simpatizantes lo consideraron un golpe de Estado. Fue sustituida por Michel Temer.

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