SEP de Guerrero se ampara contra padres que exigen escuela digna

Alumnos y padres de familia de la secundaria Nicolás Bravo, del municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, demandaron de forma colectiva a la SEP por la falta de salones, agua, luz y sanitarios que les permitiera tomar clases de manera digna. La dependencia hizo algunos arreglos a la escuela y se amparó, en un proceso que ya lleva tres años.

En enero de 2015, 65 padres, madres y tutores, y 88 alumnos de la escuela secundaria Nicolás Bravo, ubicada en el municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, presentaron una demanda de acción colectiva en contra de la Secretaría de Educación Pública de la entidad por violar el artículo 3º constitucional y prestar el servicio educativo de manera deficiente.

A pesar de tener más de cien alumnos inscritos, la escuela no contaba con servicio de agua, luz, sanitarios, bardas perimetrales, canchas o plaza cívica. Los salones estaban construidos con horcones de madera, techos de láminas, carrizo, alambre de púas, malla alambrada y sarapes.

La demanda interpuesta por los padres contra las autoridades federales, estatales y municipales se turnó al Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero con sede en Chilpancingo. Se le asignó el número de expediente Acción Colectiva en Sentido Estricto 1/2015. Fue la primera tramitada en toda la historia de la entidad bajo esta figura, usada para proteger el derecho de un grupo de personas frente a uno o varios proveedores. En respuesta a la demanda, las autoridades educativas hicieron algunos arreglos en la escuela y luego se ampararon.

En entrevista, el secretario de Educación de Guerrero, José Luis González, informó que se invirtieron tres millones y medio de pesos en el plantel -canalizados por la federación, el gobierno del estado y el municipio- con los cuales se construyeron cuatro aulas, una plaza cívica y baños. Sin embargo, la escuela a la fecha sigue sin agua, drenaje ni luz, informa la defensa legal de los demandantes.

De acuerdo con la ley, el Estado tiene la obligación de hacer que la infraestructura educativa garantice el máximo logro de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de México. La normativa aplicable estipula que las instalaciones escolares deben cumplir con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, pertinencia, entre otros. Solo que en la secundaria de Xochihuehuetlán, el Estado no estaba garantizando este derecho.

Así que en septiembre de 2014, autoridades y miembros del Consejo Escolar de la secundaria dirigieron una carta a la organización civil Mexicanos Primero, enfocada en temas educativos, para solicitarle apoyo en la construcción de la infraestructura y equipamiento de la escuela.

El equipo de trabajo de Mexicanos Primero acudió a las instalaciones del plantel y las encontró en condiciones precarias. El brazo jurídico de la organización, Aprender Primero, dio acompañamiento a los padres y alumnos para presentar la demanda contra Secretaría de Educación Pública (federal), el presidente de la República, la Secretaría de Educación de Guerrero, el Gobierno del Estado de Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Guerrero, el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa y el municipio de Xochihuehuetlán.

Todas estas autoridades interpusieron recursos legales contra la demanda en algún punto del proceso, informa la abogada de Aprender Primero, Andrea Alcántara, excepto el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa y el municipio. “La SEP federal, por ejemplo, apela desde que se admite a trámite la demanda. En lugar de que la autoridad acepte que tiene una obligación concurrente de construir una infraestructura adecuada, empieza a usar los recursos legales para que esto no siente precedente”.

El primer revés legal que recibieron los padres llegó el 12 de septiembre de 2016, cuando un juez declaró improcedente la acción colectiva, con el argumento de que los demandantes no eran consumidores, sino que recibían un servicio público de manera gratuita y no de una escuela privada. Los demandantes interpusieron un recurso de apelación, mismo que se resolvió el 9 de marzo de 2017, en el sentido de declarar procedente la vía de la acción colectiva.

Fue entonces que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Guerrero interpuso un amparo directo en contra de la sentencia de apelación, admitido el 18 de abril de 2017. La SEP de la entidad se amparó en el mismo sentido. Ambos procedimientos siguen en litigio.

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