AL, la región más peligrosa del mundo

México, Brasil, Venezuela y Colombia concentraron más de 114 mil asesinatos en 2016, lo que representó una cuarta parte de todos los homicidios perpetrados en el planeta ese año.

De acuerdo con un informe que publicó hoy el think tank brasileño Instituto Iragapé, no es casualidad si estos cuatro países forman parte de América Latina, la región más peligrosa del mundo: más de 2.5 millones de latinoamericanos murieron asesinados desde el año 2000 y la mitad de ellos eran jóvenes de entre 15 y 29 años.

El subcontinente es el hogar de 8% de la población global, pero concentra 33% de los homicidios: aquí se encuentran 17 de los 20 países y 47 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, aparte de que América Latina tiene una tasa de asesinatos tres veces superior al resto del mundo.

De acuerdo con el informe, a pesar del altísimo número de asesinatos perpetrados en México, el país se encontraba en el lugar 15 de la región en materia de tasa de homicidios en 2016. Aun así, seis de las 50 ciudades con mayores tasas de homicidio del mundo ese año eran mexicanas: se trató de Acapulco, Chilpancingo, Victoria, Tijuana, Culiacán y Mazatlán.

“Muchos observadores caracterizaron los niveles de homicidios en países como Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, algunos países caribeños y Venezuela como epidemia, e incluso como superiores a niveles de periodos de guerra”, plantea el estudio.

En la región con mayores percepciones de inseguridad del globo, México y Venezuela resultaron los países donde la población padeció la mayor cantidad de delitos en 2016: 46% de los mexicanos y 48% de los venezolanos interpusieron denuncias.

El informe muestra que las políticas de “mano dura” emprendidas desde los setenta en el subcontinente fracasaron, pues “los delitos empeoraron y la población carcelaria se disparó”; también subraya el “alto grado de complejidad” que explica la violencia.

Trata de explicar por qué la violencia creció en prácticamente todos los países de la región desde principios de los años 2000, a pesar de que la región vivió una reducción de la pobreza y de la desigualdad. “La relación entre el delito violento y el desarrollo en general no es lineal”, afirma.

“El crimen se vuelve más probable en las zonas donde más se concentran la pobreza y la desigualdad, y donde existen altos niveles de desempleo juvenil y un importante vaivén de habitantes”, sostiene el informe, al añadir que las altas tasas de impunidad también fomentan al delito.

De acuerdo con los datos presentados, existe una correlación entre el desempleo juvenil, las bajas tasas de educación, la composición del hogar o el embarazo adolescente y los asesinatos –un incremento de 1% en el desempleo sube de 0.34% la tasa de homicidios dolosos–.

Muchos de los crímenes se perpetran en las zonas marginadas ubicadas en periferia de las grandes ciudades, según el informe. “Están fragmentadas, segregadas y excluidas; en una palabra: son frágiles”, añade.

A diferencia de lo generalmente afirmado, en América Latina no existe correlación entre las tasas de violencia y el consumo de drogas –excepto el alcohol–; pero sí la hay en las zonas donde los gobiernos lanzaron la “guerra al narcotráfico”.

En Europa, las autoridades “resuelven” alrededor de 80% de los homicidios; en América Latina, el grado de eficacia en materia de asesinatos ronda entre 50 y… 8%. Ello explica, en parte, la razón por la que 44% de la población latinoamericana considera que la policía está involucrada con la delincuencia.

La desconfianza hacia las instituciones alcanzó tal nivel que América Latina cuenta con un mayor número de guardias de seguridad privada que de policías: 3.8 millones contra 2.6 millones. En Guatemala, subraya el documento, hay 120 mil agentes privados y apenas 20 mil policías… una ratio de uno a cien.

“Existe una alta concentración de jóvenes involucrados como perpetradores de homicidios y otras formas de violencia. El perfil de las víctimas de asesinato es similar: jóvenes y desempleados. Hay una hiperconcentración de varones de entre 18 y 25 años, con un número considerable de jóvenes recluidos en las prisiones latinoamericanas, famosas por su violencia y saturación”.

El informe aboga para abandonar las políticas de represión a la delincuencia y abrazar en su lugar el enfoque de “seguridad ciudadana”, que involucra nuevas regulaciones sobre las drogas, participación ciudadana, políticas de empleo focalizadas en la población vulnerable, inversión en educación y en prevención, todo lo anterior en un marco de respeto a los derechos humanos.

A pesar de que estas políticas funcionaron donde se llevaron a cabo, el informe deplora que “muchos gobiernos siguen con políticas que favorecen encarcelamientos masivos y enfatizan en reducir la edad de la responsabilidad penal, construir cárceles e incrementar las penas”.

“También siguen con un enfoque desproporcionado, que consiste en penalizar delitos relacionados con las drogas, incluyendo la posesión y el consumo. Ello resultó en un escalamiento de la población carcelaria”, lamenta.

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