Archive for April 15, 2010

Pese a que la ley en la materia, y un convenio firmado con el Gobierno del Estado en diciembre de 2007, vigente a la presente fecha, le prohiben expresamente otorgar concesiones de transporte público de pasajeros, nuevamente el alcalde, Juan José Martín Briceño, engaña no sólo a la ciudadanía, sino a los incautos propietarios de “taxis piratas”, que con tal de “regularizar” su situacion cayeron en las garras del alcalde, que les ha cobrado 5,000 pesos por “legalizar” sus unidades de transporte, entregándoles a cambio papeles falsos.
De acuerdo a una investigación hecha por este medio, el alcalde, para engañar vilmente a los taxistas piratas, recurrió mañosamente a Ley de Ingresos del Municipio correspondiente al 2009 (obviamente en deshuso), que en su Capítulo III, Sección Primera, en el apartado de Derechos y Licencias, artículo 15, a la letra reza lo siguiente: “Por el otorgamiento de licencias y permisos para circular en el Municipio, prestando el servicio de taxi, (el derecho será de) $ 7,000.
Según esto, el alcalde, al momento de entregar las concesiones presumió que lo hacía de acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio y con la facultad que tiene el ayuntamiento para entregarlas a los taxistas piratas que tienen años en esta labor, además de que les hizo un descuento. Las supuestas concesiones tienen una validez de 10 años
“Las puertas del ayuntamiento están abiertas para todos aquellos taxistas que quieran tener esta documentación. Solamente tienen que cumplir los requisitos y el pago de sus contribuciones al municipio”, dijo cínicamente el primer edil el día que entregó los primeros “permisos”
De acuerdo con la información que se tiene no todos los transportistas piratas, de un grupo de 30, recibieron su concesión chafa, ello porque varios no pudieron reunir la cantidad requerida por el alcalde, quien para verse bonachón hasta acepta los 5,000 pesos por abonos.
Sin embargo, si revisamos la Ley de Ingresos del Municipio correspondiente a este año, que por cierto contiene varias y graves omisiones, así como incrementos al por mayor en todos los rubros, notamos que en ninguno de sus títulos existe algún artículo que dé sustento legal al cobro que hace la presidencia municipal, incluso el citado artículo 15 fue cambiado en su totalidad y ahora estipula la cantidad a pagar, 400 pesos, por el cierre de una calle, con motivo de alguna fiesta, evento o espectáculo que así lo requiera.
Así las cosas, cuando el alcalde presumió de que el cobro por la concesión que, repetimos, es falsa, se hacía con base a la Ley de Ingresos del Municipio, estaba conciente de que mentía a los transportistas, y mentía por partida doble, pues la ley en la materia no lo faculta para otorgar concesiones, y ya no digamos a cobrar por ellas, esto según el acuerdo vigente del que hacemos mención al principio.
Conforme a esto, se tiene que las facultades del Ayuntamiento, tienen que ver exclusivamente con su circunscripción territorial, lo que traducido al español significa que, en el hipotético caso de ser válidas las concesiones otorgadas a los taxistas piratas, estas no serán respetadas en los demas municipios de Yucatán, lo cual constituye una tomadura de pelo más por parte de Juan José Martín Briceño a los incautos taxistas.
El convenio firmado en diciembre de 2007 faculta exclusivamente a la comuna, entre otras, a las siguientes cosas:
Proponer medidas necesarias para la renovación y la conservación del parque vehicular de los concesionarios que prestan el servicio. Practicar las visitas de inspección ordenadas por la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán. Vigilar de manera conjunta con la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán, que los operadores de vehículos que presten el servicio en el municipio, cumplan con el perfil y demás requisitos que establezcan tanto la Ley Transporte del Estado de Yucatán. Realizar las funciones rutinarias de inspección y vigilancia a los vehículos durante la prestación del servicio público de transporte, en coadyuvancia con su policía municipal y demás autoridades de transporte. Realizar los estudios que sean necesarios para evaluar las condiciones de funcionamiento del servicio de transporte que se preste en su circunscripción territorial y turnarlos a la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán.
De igual forma el citado convenio permite a la comuna requerir a los concesionarios, en cualquier tiempo, informes con los datos técnicos, administrativos y estadísticos que le permitan conocer la situación en la que se están operando las concesiones autorizadas para operar en su circunscripción territorial. Establecer mecanismos de consulta tendientes a mejorar el servicio y hacerlo del conocimiento de la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán para su análisis y resolución. Coordinarse con la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado de Yucatán y los concesionarios, para la elaboración de programas de seguridad encaminados a mejorar el desarrollo del servicio de transporte de pasajeros.
Asimismo, el convenio estipula que la comuna puede verificar que la prestación del servicio de transporte de pasajeros se brinde en vehículos cuyas características de funcionamiento, capacidad, seguridad, adelantos tecnológicos y demás aplicables, correspondan a los estipulado por la autoridades del ramo e implementar, en coordinación con varias dependencias de ese orden (Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y la Dirección de la Policía Municipal), los mecanismos necesarios para asignar, modificar, restringir o reubicar sitios, terminales y paraderos de vehículos que presten el servicio público de transporte de pasajeros, exclusivamente dentro de su ámbito territorial.
En el documento se estipula ademas que la comuna tiene la facultad de vigilar que los concesionarios autorizados para prestar el servicio público de transporte de pasajeros cumplan con la orden dictada por la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán, relativa a la ejecución de las medidas pertinentes para mantener en buen estado las obras e instalaciones destinadas a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, así como levantar las actas circunstanciadas de inspección relativas y conocer de las quejas e inconformidades presentadas por la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, en contra de los concesionarios u operadores y prestadores del servicio que cometan alguna infracción a la Ley en la materia, su Reglamento o a las demás disposiciones aplicables, y turnarlos a la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán para su resolución.
Finalmente el ayuntamiento tiene también la facultad de supervisar, en coordinación con la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán, a través de su respectiva Delegación, que los concesionarios autorizados para prestar el servicio en su ámbito territorial, impartan capacitación y actualización a los operadores de vehículos que estén destinados a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros.
Luego entonces, como se puede observar, ni la Ley de Ingresos del Municipio, ni la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, ni mucho menos el convenio firmado entre el gobierno estatal y la comuna -en cuya representación y con la supuesta autorización del cabildo signaron el documento el presidente Martín Briceño y el secretario Francisco Trujeque Várguez- facultan al alcalde a expedir y cobrar por concesiones a transportistas.