La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dio a conocer el pasado 25 de marzo el inicio de trabajos de la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas que tendrá como principal función garantizar la adecuada investigación de los hechos cometidos en agravio de quienes realizan una labor informativa, cuando los ilícitos son cometidos con motivo del ejercicio periodístico.

Según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la nueva agencia estará adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, perteneciente a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales. La nueva instancia atenderá los casos de quienes ejercen actividades inherentes a la comunicación dentro del Distrito Federal, incluidos corresponsales nacionales y extranjeros e incluso define la labor de los periodistas, al identificarlos como quienes “hacen del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad principal, de manera permanente con o sin remuneración”.

El documento prescribe que, previo consentimiento de la víctima y según el delito de que se trate, los responsables de la investigación deberán instrumentar medidas de protección, eficaces y oportunas, así como proporcionar atención psicológica, médica y/o asistencial a las víctimas, a través de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad.

Como parte de las investigaciones, el agente del Ministerio Público podrá solicitar información a la Dirección General de Política y Estadística Criminal, que le permita relacionar la indagatoria con otras que tengan similitud en cuanto a las víctimas, los imputados, el modus operandi, o cualquier otra tendiente al esclarecimiento de los hechos, la ubicación de los agresores y la correlación entre averiguaciones previas.

Aunque el acuerdo entró en vigor el pasado viernes 26, la Fiscalía aún tendrá 30 días hábiles para emitir un Protocolo de investigación de los delitos cometidos en contra de periodistas en el ejercicio de su actividad profesional.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoció el esfuerzo de la PGJDF e indicó que a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos colaborará en el diseño de protocolos de atención a víctimas, así como de mecanismos de evaluación de riesgos e implementación de medidas de protección.

El organismo exhortó a periodistas y profesionales de la comunicación a denunciar los agravios cometidos en su contra, a fin de buscar la procuración de justicia y recibir medidas de protección adecuadas, al tiempo que advirtió que mediante el adecuado tratamiento de cada caso se garantiza tanto el derecho de los informadores al ejercicio pleno de la libertad de expresión, como el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre acontecimientos de interés público.

Mientras tanto, en Yucatán todavía seguimos esperando qué sucederá en cuanto a las agresiones que los periodistas tenemos con motivo de nuestra actuación profesional. ¿En qué acabó el asunto retomado por la CODHEY cuando el reportero del Diario de Yucatán, Jesús Bacab Chulim, fué amenazado de muerte por Juan Martín Briceño, quien incluso lo aceptó ante reporteros del Canal 6 de Cablevisión? Como siempre, la impunidad sale a flote cuando de ataques a los comunicadores se trata.

Publicado en Cepet el 29 de marzo de 2010