De nada sirvió el “impuesto especial” (venta de protección) que el alcalde, Juan José Martín Briceño, cobraba a los propietarios de minicasinos, a razón de 50 pesos al mes, pues la cuota no los dispensó de la acción de agentes federales que decomisaron cientos de aparatos el pasado martes
La molestia se debe a que nadie les dio el “pitazo” sobre la llegada de los federales y a que la propia policía municipal ayudó a los agentes a llevarse las tragamonedas
Para los afectados, que no ignoraban en varios casos que se dedicaban a algo ilícito, la cuota les garantizaba impunidad, según esto porque el alcalde así se los aseguró.
Dicen que apenas el fin de mes pasado les enviaron oficios de requerimiento, en los que bajo el disfraz de “invitación”, y con la firma del alcalde Martin Briceño y el recaudador de la tesorería Gerardo Antonio Pérez Vela, se les invitó a cumplir oportunamente con sus obligaciones como ciudadanos pues esto “se refleja en los mejores servicios para nuestra ciudad”.
Aseguran que en un principio el alcalde les dijo que el cobro mensual era una colaboración que entregarían a la autoridad y esta serviría para apoyar al deporte.
Según esta gente tan sólo en el centro de la comunidad se contabilizan unas 120 maquinitas. En total se calcula que en toda esta cabecera funcionan 500 minicasinos.
Ante el decomiso, dicen que el alcalde mostró en los hechos que no tienen palabra, pues solo busca beneficios para él
Ayer, en el mercado 20 de noviembre particularmente, numerosos puestos lucían semivacíos y aunque los federales cargaron aparentemente con todo, tímidamente aparecieron algunas maquinitas tragamonedas.
Asimismo el ruido, por el alto volumen en los aparatos de sonido en los puestos dedicados a la venta de discos pirata, brilló por su ausencia.