Doble rasero de la Comuna panista

Dos pesas y dos medidas. El doble rasero que la Comuna tiene para con sus empleados sale a relucir nuevamente en los casos del Juez de Paz, Miguel Ángel Granados Tziu, a quien ya se le separó de su cargo y de Gualberto Góngora Alvarado, cobratario del Ayuntamiento, envuelto en infinidad de escándalos, pese a los cuales se sostiene en el puesto.
Al Juez de Paz, quien desde que comenzó a ejercer como tal prácticamente ha estado enfrentado con el alcalde, Miguel Carrillo Baeza, la Comuna le sacó provecho a las numerosas fallas en el ejercicio de sus funciones, para finalmente “reventarlo” como servidor público.
La gota que derramó el vaso fue una denuncia promovida en su contra –abanicada por el Ayuntamiento- por María Antonia Chan Serralta, que acusó al servidor público de atentar contra su patrimonio, lo que equivalió para el Juez de Paz la suspensión de su cargo, hasta lo que resta de la actual administración.
Según esto, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinó que el juzgador violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial, al ejercer funciones propias de un Notario o Escribano Público, amén de que actuó como litigante al servicio de un particular, siendo funcionario público, lo cual está prohibido también.
A Granados Tziu, quien por diversas circunstancias, entre ellas de índole personal, se enfrentó al alcalde, desde que comenzó la administración tuvo sobre si al hoy candidato a alcalde por el PAN, Freddy Alberto Domínguez Aké, quien por diversos medios intentó removerlo del cargo, ello en su calidad de asesor jurídico de la alcaldía y enemigo declarado del Juez.
Al polémico Juez de Paz se le acusó de varias anomalías en el ejercicio de sus funciones, y aún fuera de ellas y aunque fueron muchas las acusaciones ninguna pesó tanto como la promovida en su contra por María Antonia Chan Serralta, lo que equivalió a que finalmente le fuera notificado su cese como funcionario público, hecho al que se adelanto el juzgador al renunciar al cargo un día antes de que comenzara a correr su suspensión como servidor público, esto a partir del 25 de abril hasta el fin de la presente administración.
Sin embargo, mientras la Comuna acusó a Granados Tziu de todo, no pasa lo mismo con Gualberto Góngora Alvarado, quien se ha envuelto en toda una serie de bochornosos sucesos y sigue como si nada cobrando en la nómina del municipio, a la que llegó con el único mérito de filmar todos los actos de campaña del alcalde Carrillo Baeza, chiste que parece quiere repetir con Freddy Domínguez, si el panista llega a la presidencia municipal y al que Gualberto le “lame las botas” filmando sus eventos de campaña.
En el último de los sucesos, una soguilla robada –que finalmente se recuperó-, el propietario de una joyería que perdió 400 pesos por participar en una operación ilícita, una sexoservidora detenida y la comparecencia de este sinvergüenza que milagrosamente se sostiene como empleado municipal, fue el saldo de una juerga que tuvo como principales protagonistas a la vendedora de placer Karina Contreras Poot y al propio Góngora Alvarado.
Conforme a la información oficial, Góngora Alvarado, a fin de satisfacer sus instintos, decidió contratar los servicios de la joven prostituta, a quien contactó en el interior de la cantina “Regina”, que se ubica a escasos 200 metros del palacio municipal.
Tras sostener una sesión de sexo, en un lugar que no se precisó, Gualberto, sobre quien pesa un rosario de quejas y reportes de toda clase, dejó a la mujer, pero como había consumido “bebidas espirituosas” olvidó que al intimar con la falena, de 20 años de edad, había dejado su soguilla de oro, situación que aprovechó la fémina para apoderarse de la prenda, que vendería después en 900 pesos al joyero Jorge Magaña Alvarado, quien posteriormente devolvería la alhaja al saber de su ilícita procedencia.
Luego de percatarse de la pérdida de su soguilla, al día siguiente, el “buen” Gualberto, para no pasar el bochorno de comparecer ante las autoridades locales y que su mujer se entere que prefirió a una prostituta por encima de ella, decidió ir a Maní, población donde vive la mujer, para denunciar el caso ante el Juzgado de Paz del lugar.
Sin embargo -sorpresas que da la vida-, las autoridades de Maní al tener el caso en sus manos se pusieron en contacto con las de esta ciudad y salió a relucir todo, de modo que Góngora Alvarado padece otra vez un bochorno, que parece importarle poco, pues es un auténtico sinvergüenza y sabe que en la presidencia le solapan todo, no como al Juez de Paz que ya está en la calle.