Por Juan José Morales
Escrutinio

Allá en mi lejana infancia, en las clases sabatinas de catecismo se nos enseñó que uno de los diez mandamientos de la ley de Dios era “no fornicarás”. Quisimos saber el significado de tal palabrita, pero tanto las catequistas como el cura eludieron darnos una definición. Por supuesto, no tardamos en averiguar por nuestra cuenta qué era aquello de la fornicación, pero seguimos insistiendo en preguntar, sólo por divertirnos con los apuros de las catequistas por esquivar el tema. Finalmente, el párroco, irritado, cerró el asunto diciendo que ya lo sabríamos cuando fuéramos más grandes. Así, nos puso en la extraña tesitura de que -como buenos católicos y para no achicharrarnos en el infierno- debíamos abstenernos de hacer algo que ignorábamos en qué consistía.
Recordé esta anécdota a propósito de la ofensiva del clero mexicano contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal, ahora reforzado por el Papa, quien como jefe de Estado de un país extranjero -El Vaticano- está interviniendo flagrantemente en los asuntos internos de México. Y es que en el fondo, esto implica un intento de la Iglesia por imponer a todos y cada uno de los mexicanos, católicos o no, creyentes o no, las normas de conducta de una religión.
Como ya hemos señalado, la Iglesia prohíbe a sus fieles abortar, y está en su derecho de hacerlo. Pero si una mujer se ve en la necesidad de interrumpir su embarazo y así lo decide, debe tener también derecho a hacerlo, sin más castigo que el de tipo moral por haber desobedecido las reglas de su religión. Los curas, sin embargo, quieren que se encarcele a las mujeres por violar tal prohibición, con el argumento de que los principios religiosos son la base de las leyes de toda sociedad civilizada.
Nada más falso. Los famosos diez mandamientos de la religión católica -cuyas versiones, por cierto, difieren de un catecismo a otro e incluso en la propia Biblia- ciertamente establecen ciertas prohibiciones lógicas y sensatas contenidas también en las leyes civiles y consideradas delitos: no matar, no robar y no mentir. Pero, en cuanto a los otros siete, ¿debe ser obligatorio para todo ciudadano amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su nombre en vano, santificar las fiestas, honrar a su padre y a su madre, no cometer actos impuros, no desear a la mujer del prójimo y abstenerse de tener pensamientos o deseos impuros?
Cualquier persona medianamente sensata e inteligente estará de acuerdo en que transgredir tales normas de ninguna manera puede considerarse delito. Lo que una religión cualquiera permita o vede a sus seguidores, es asunto de ese grupo religioso y nada más. La Iglesia, por ejemplo, sostiene que la vida sexual debe realizarse únicamente y dentro del matrimonio y para la procreación y que Dios ordena a los solteros castidad absoluta. ¿Significa eso que el Código Penal debe establecer penas de prisión para quienes tengan relaciones sexuales sin estar casados?
Si aceptáramos el criterio del clero de que las normas religiosas deben ser obligatorias para todos, habría igualmente -en acatamiento a la sharia o ley islámica- que prohibir la venta de bebidas alcohólicas y encarcelar e incluso dar de latigazos a los bebedores, como en algunos países árabes teocráticos. Asimismo, conforme a las mitzvot o mandamientos divinos de la Torá (“La Ley”) judía -que entre otras cosas prohíbe comer carne de cerdo-, deberían ilegalizarse la cochinita pibil y el frijol con puerco. Y ya en ese camino, prohibir y castigar también el consumo de caracol, almeja, abulón y otros alimentos considerados impuros por la Torá.
O bien, si se aceptara que las prohibiciones bíblicas deben tener fuerza de ley civil, habría que mandar a la horca o el paredón a quienes practiquen la zoofilia, pues en el Exodo, segundo libro de la Biblia y de la Torá, se ordena que “el que tenga relación sexual con un animal, muera sin remedio”.
México es un Estado laico, y de igual manera que el poder civil no le dice a ninguna religión qué normas imponer a sus adeptos, ninguna religión está facultada para decir al poder civil qué debe prohibir o permitir a los ciudadanos. Esa decisión compete sólo a los legisladores electos por los propios ciudadanos. Y establecido un derecho -el de abortar, por ejemplo- cada quién decidirá libremente si lo ejerce o no, de igual modo que cada católico, musulmán, budista, judío o hinduísta decide si cumple o no los mandamientos de su religión.

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